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Revista Centenario N°10 – Julio de 2020

Durante la hiperinflación, que marcó el final del gobierno, las tasas de interés se
elevaron en un 1.669 % y el salario real cayó un 30%. La tasa de desempleo aumentó de un
6% en 1983 a un 8,4% para 1989.
Las reformas liberales que el radicalismo trató de imponer hacia final del mandato
presidencial, fueron resistidas por el peronismo como forma de oposición política y electoral,
pero no desde una posición ideológica diferencial. Este discurso oportunista fue sostenido
durante la campaña electoral hasta el triunfo de Menem en las elecciones presidenciales de
1989 y a la entrega anticipada del gobierno. Una vez iniciado el gobierno peronista, las
medidas económicas tendieron a enfocarse hacia los intereses de la burguesía
transnacionalizada.
Con la asunción de los ministros Miguel Roig y Néstor Rapanelli, provenientes del grupo
Bunge y Born, se intentó frenar la inflación y el déficit de las cuentas públicas devaluando el
Austral y subiendo las tarifas . Este programa duró hasta la segunda hiperinflación, donde
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se generaron las condiciones para la asunción del Domingo Cavallo, el hombre de confianza de
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los capitales financieros y del imperialismo norteamericano . El nuevo plan consistió en fijar
el peso en paridad al dólar, abrir las importaciones, privatizar y extranjerizar las empresas
estatales, descentralizar el Estado y lograr nuevos acuerdos con el FMI mediante el plan
Brady. Todo englobado en el llamado Consenso de Washington.
Apoyados en la retórica del cambio y la adaptación a ese ―nuevo‖ mundo de los ‘90
donde predominaban la idea del fin de la historia y el fin de las ideologías, se consumó la venta
de empresas públicas, se eliminaron los controles estatales de la macroeconomía y se
incrementaron exponencialmente las cifras de la deuda externa.
Fue en esta etapa donde la Deuda dio un salto cualitativo y cuantitativo, al
incrementarse en forma exponencial y al incorporarse un nuevo tipo de bonistas, es decir, los
grandes capitales globales y los fondos de inversión comenzaron a tener preponderancia
dentro del grupo de los acreedores externos .
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Alberto Bonnet menciona en su libro “La hegemonía menemista”:
La cooptación por parte de las clases dominante respondía, ciertamente, a que esas clases dominantes no contaban de
antemano con un partido de gobierno propio, es decir, identificado político-ideológicamente con esa reestructuración de la
acumulación y la dominación capitalista que impulsaban. La disponibilidad a ser cooptado por parte del partido respondía, a
su vez, a la profunda crisis político-ideológica.
…Sus designaciones iniciales parecieron responder así a una lógica que consistía en combinar los cuadros más derechistas
de su propio partido (como J. Triaca, sindicalista plástico que había encabezado la CGT Azopardo cercana a la dictadura,
nombrado ministro de trabajo) con cuadros extrapartidarios, cuya presencia en el gobierno parecía apuntar a ratificar su
compromiso reaccionario ante las propias clases dominantes. Estos cuadros extrapartidarios provendrían de empresas
privadas (el ministro de economía se reclutaría entre los grandes empresarios, O. Vicente de Pérez Companc, C. Tramutola
de Techint, F. Macri de SOCMA, M. Roig de Bunge y Born, y la elección, significativamente, recaería en este último) o de la
derecha tradicional mediante un acuerdo con la UCeDé (su jefe A. Alsogaray como asesor en temas de la deuda externa, la
hija, M. J. Alsogaray como interventora de Entel, A. Dalesio de Viola sucesivamente en varios cargos)

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La burguesía local tuvo un rol importante durante la convertibilidad y las privatizaciones, pero como clase subordinada a
las empresas extrajeras y a los acreedores financieros.
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Cabe destacar que la incorporación de los grandes y pequeños capitalistas globales como tenedores de bonos argentinos,
creó un problema a la hora de negociar nuevos contratos y refinanciamientos, ya que, a diferencia de organismos como el

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